Duperly Arévalo Carrascal, la víctima mortal de la asonada de este sábado contra la Registraduría de Gamarra, César, en realidad no se desempeñaba como funcionaria de la entidad, sólo era contratada para las temporadas electorales cuando las labores en esa entidad se incrementan, y la Registraduría acude a este tipo de vinculaciones.

Estas funciones las venía cumpliendo desde 2018, y dado el excelente papel que realizaba en el ejercicio de su trabajo, cada año la llamaban a contratar de nuevo.

Para estas elecciones la vincularon desde el pasado mes de julio, y laboraba como auxiliar administrativa en los procesos electorales.

Duperly Arévalo Carrascal fundamentaba su labor con los conocimientos recibidos tras haber egresado del programa de Contaduría Pública de la Universidad Popular del Cesar (UPC) Seccional Aguachica.

Durante el resto del año esta mujer de 43 años, se ganaba la vida con un emprendimiento que gestó en su residencia y que promocionaba en las redes sociales.

“Ella preparaba desayunos, meriendas, y el plato que le solicitaran, a los cuales les ponía su toque de sabor típico de la región. Esto le representaba mucha clientela y le daba para vivir”, reconoció su hermano Roberto Arévalo.

Duperly era madre cabeza de hogar y tenía dos hijos, una niña de 7 años y un niño de 13, que ahora quedan en el desamparo y sin la figura de la madre que no solo les servía de sostén sino de orientación.

La familia supone que ella sufrió un grave ataque de nervios ante el levantamiento de la gente, y corrió a refugiarse en el baño de la oficina en su afán de ponerse a salvo.

Allí fue alcanzada por las llamas que la calcinaron, aunque previamente inhaló el humo que le pudo provocar una asfixia, conjeturaron también.

La protesta que terminó en asonada y con este saldo trágico, la originó el malestar de un sector de la comunidad frente a la inhabilidad que hizo el Consejo Nacional Electoral, CNE, a la inscripción a la candidatura a la Alcaldía de Gamarra, de Fernando Rafael Márquez Astier, quien contaba con el aval del partido En Marcha.

Dicha revocatoria se dio porque de acuerdo con el CNE, hasta el 2023 tenía vínculos con la Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Bolívar-Cesar, con sede en esta localidad, y ejecutar una orden con la empresa Empungam S.A.S.E.S.P., entidad pública que presta servicio de acueducto al municipio.

En los violentos hechos resultaron heridas cuatro personas, entre ellas la registradora de esta localidad, Ofelia Patricia Castro Roca, dos funcionarios de la misma entidad y un policía.

Resultaron afectados por la inhalación de humo y quemaduras de segundo grado en diferentes partes del cuerpo, que los tienen bajo pronósticos reservados.

La Policía ofreció una recompensa de hasta $50 millones a quien brinde detalles sobre los cabecillas de la asonada y quienes iniciaron el fuego.

Para cualquier información habilitaron los teléfonos: 3203049282, 3203047267 y 3203064749.